Con un llamado a manera de denuncia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), expresó ayer su preocupación por una serie de acciones penales del gobierno de Venezuela que afectan a defensores de estos derechos y a periodistas. Ante esta situación, el presidente de la CIDH, Evelio Fernández Arévalos, instó al gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, para que cese este práctica de "hostigamiento e intimidación" que bloquea las garantías individuales.
El jurista paraguayo, que preside la Comisión Interamericana, también negó que la elección del abogado venezolano Ignacio Alvarez como nuevo Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH tenga que ver con las supuestas violaciones a esa libertad en Venezuela.
"Alvarez fue elegido por su capacidad y experiencia" en el tema, precisó Fernández, tras dejar claro que el nuevo Relator será imparcial en sus análisis sobre la libertad de prensa en Venezuela, en una rueda de prensa celebrada ayer al finalizar la CIDH su 124 período se sesiones de tres semanas.
Durante este período de sesiones, esta entidad dependiente de la OEA analizó 60 de los más relevantes casos de violaciones a los derechos humanos en las Américas ocurridos en 2005.
Fernández Arévalos dijo que en Venezuela se han "iniciado acciones penales a miembros de organizaciones de derechos humanos bajo cargos de conspiración contra la forma republicana de gobierno por haber recibido fondos de cooperación internacional para desarrollar sus labores".
No hizo mención específica de algún grupo, pero se trató al parecer de la situación en que se encuentran dirigentes de la agrupación no gubernamental Súmate, sometidos a esos cargos en tribunales venezolanos por haber recibido fondos de la Fundación Nacional para la Democracia, de Estados Unidos.
La CIDH también expresó su preocupación por "las leyes y acciones" judiciales que limitan la libertad de expresión y acceso a la información en Venezuela.
Mencionó en particular "la información recibida" sobre los periodistas Ibeyse Pacheco, Marianella Salazar y José Ovidio Rodríguez ("Napoleón Bravo") quienes "vienen siendo objeto de procesos penales iniciados por funcionarios estatales por delitos de calumnias e injurias y de vilipendio (desacato)".
La CIDH ha emitido en el pasado medidas cautelares sobre comunicadores venezolanos, pero el gobierno del presidente Hugo Chávez las ha ignorado sistemáticamente.
Fernández Arévalos dijo que esos casos no han sido desactivados y que algunos pueden estar en camino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero indicó que no sabía la fecha en que llegarían a ese tribunal en San José, Costa Rica.
Vea tambien:
Condena
a muerte de comisario Simonovis.
Violacion
de derechos humanos en Venezuela.